La reforma introduce los elementos necesarios para modificar sustancialmente los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual Así mismo, establece posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, en lo que se refiere, no solo al salario, sino a la totalidad de la negociación pactada en el convenio y profundiza en la desigualdad entre las partes del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva, así como a la tutela judicial: los Jueces de la Jurisdicción Social ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario y puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y demás condiciones de trabajo (mayor jornada, distribución irregular de la misma por el empresario, polivalencia de funciones, etc.) y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados. La nueva regulación limita, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad, de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, con degradación de la causalidad en el despido contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que
integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la Huelga General convocada por los Sindicatos para el día 29 de Marzo de 2012.
Palencia a 20 de marzo de 2012
Lorenzo Leiro Argüelles
