El Pacto de Toledo, desde el año 1.995, estableció como principio general "la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del IPC", con el objetivo de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su evolución, en paralelo, al crecimiento de las bases de cotización.
Durante el año 2.009, las pensiones se revalorizaron al 2 %, mientras que la inflación real, fué del 0,3 %. El Gobierno va a mantener el año 2.010 la compensación a los pensionistas por la desviación de la previsión de inflación (1%) noviembre sobre noviembre, que se materializará en una paga el mes de enero de 2.011, y que se trasladará, mes a mes, en la cuantía de la nómina mensual de cada pensionista.
El año que viene, el 2.011, se rvalorizarán las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas y las pensiones del SOVI que no concurren con otras. Más de tres millones de pensionistas van a ver como sus pensiones siguen creciendo en poder adquisitivo, las pensiones más bajas, de las personas que no tienen otros ingresos. El resto de las pensiones van a ver crecer su cuantía mensual en la desviación de inflación que se produzca en 2.010.
El gasto en pensiones entre 2.004 y 2.010 ha crecido un 51,2%. Una pensión de jubilación de 65 años con cónyuge a cargo en 2.004 era de 6.788 euros al año, ahora es de 10.152 euros.
El resto de medidas suponen modificaciones en los marcos temporales de adopción de medidas acordadas en el Parlamento, previo acuerdo del diálogo social. Suponen simplemente la anticipación, en una media de dos años, del retraso en la edad de jubilación anticipada con contrato de relevo (desde los 60 años y cuatro meses a los 61) y del cumplimiento efectivo de los quince años de cotización que nuestra legislación exige como período mínimo para acceder a una pensión de jubilación.
Esto es por lo que se refiere a algo que nos ha llamado a todos la atención, con respecto a las medidas del gobierno para hacer frente al déficit, y que viene exigido por Europa y EE.UU.
Hay otra medida que también ha llamado la atención y es la eliminación del llamado cheque bebé. La desaparición de la ayuda de 2.500 euros -general en todos los grupos de renta- va a hacerse manteniendo el pago de una prestación no contributiva para las categorías más vulnerables de las familias españolas, en caso de partos múltiples, familias con un hijo discapacitado, con una madre discapacitada, familias numerosas o monoparentales con rentas bajas. Por tanto, se mantiene el esfuerzo del Gobierno para con quienes más lo necesitan.
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